La acción de protección de derechos no procede:

🛑 Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que
la vía no fuere adecuada ni eficaz.

🛑 Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales.

🛑 Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños
susceptibles de reparación.

🛑 Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u
omisión, que no conlleven la violación de derechos.

🛑 Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.

🛑 Cuando se trate de providencias judiciales.

🛑Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el
Tribunal Contencioso Electoral.

Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.

Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.

Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.

Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;
b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;
c) Provoque daño grave;
d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.

Básicamente ante cualquier violación de un derecho constitucional e inexistencia de defensa en vía judicial adecuada y eficaz para proteger el derecho violado.